Ponen al Ministro Luis María Aguilar debajo de la lupa en la mañanera

199
AMLO acusa ministro Luis María Aguilar de intentar perdonar 10 mil mdp de impuestos a tío de Cárdenas Palomino

CIUDAD DE MÉXICO.- Al modificar el criterio de su proyecto para amparar a, Gustavo Cárdenas Fuentes, identificado como tío de Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal, con Luis Genaro García Luna, también detenido en Estados Unidos por nexos con la delincuencia organizada, el ministro Luis María Aguilar fue señalado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, se sentaría un precedente que afectaría la hacienda pública por un monto de 10,000 millones de pesos, pues sería el camino para otras personas que se han amparado para evitar, en casos de trascendencia, pagar impuestos.

Así lo informó Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien explicó que este miércoles se pretende amparar a dicho individuo que ha buscado la protección judicial para no pagar los impuestos que adeuda.

Sin embargo, se señaló que en otros momentos del mismo caso, el ministro estaba a favor de que se le ordenara el cumplimiento del pago de los impuestos, pero que ahora modificó su postura en favor de amparar a dicho individuo que funge como representante legal de Obses de México, en operaciones financieras.

Además de recibir 4.9 millones de pesos de manera directa de dicha empresa, la cual de 2010 a 2016 obtuvo contratos públicos por 281 mil 900 millones de pesos, de contratos de gobiernos de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, policía y del servicio de Protección Federal.

Lo vinculan con más de cinco empresas que recibieron contratos del Gobierno Federal pasado, por más de 600 millones de pesos en equipo de espionaje y seguridad, y formó parte de una organización criminal mediante la cual Luis Cárdenas Palomino recibió recursos en 2017, de la empresa Adamantium Private Services, provenientes de Numva Yechnologies Inc, empresa utilizada por Genaro García Luna para enviar recursos a Estados Unidos, resultante de hechos de corrupción por un monto de 745.9 millones de dólares.