Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se reunieron la tarde del 25 de septiembre con autoridades federales para conocer los supuestos avances en la investigación del caso.
Sin embargo, en palabras del abogado Vidulfo Rosales —representante de las víctimas—, el informe proporcionado por funcionarios del gabinete presidencial fue “incluso peor” que la llamada “verdad histórica” construida durante la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Una de las respuestas del gobierno que más indignó a las y los familiares fue la que ofreció Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante la petición para que fueran entregados todos los documentos disponibles para el esclarecimiento del caso.
Según el testimonio de Rosales, el general Sandoval aseguró que la dependencia a su mando ya había entregado toda la información disponible y dijo que si deseaban acceder a las comunicaciones interceptadas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, debían contactar directamente a Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, identificado como uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Los reportes disponibles refieren que aquella trágica noche la Sedena tuvo acceso a una conversación entre “El Gil” y un jefe de la Policía de Iguala, en la que se mencionó el destino de un grupo de 17 estudiantes. Y aunque esto habría sido obtenido mediante técnicas de espionaje militar, el titular de la corporación envió a las familias a pedirle las conversaciones a “El Gil”.
De líder criminal a testigo protegido
Debido a su identificación como figura de alta relevancia al interior de Guerreros Unidos —y supuesto responsable de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas—, “El Gil” fue detenido el 16 de septiembre de 2015 por agentes de la disuelta PGR en Taxco de Alarcón, Guerrero.
Por su aparente vinculación con este caso, “El Gil” era acusado de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. En la narrativa que ofrecieron Murillo Karam y sus subalternos, López Astudillo habría sido el enlace entre José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, con Guerreros Unidos.
Fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 El Altiplano, pero cuatro años más tarde fue absuelto por completo de ambos delitos.
En junio de 2018, un juez dejó sin sustento la acusación contra “El Gil” por delincuencia organizada y su proceso por el secuestro de los normalistas llegó al mismo destino un año después.
Sobre este último caso, autoridades judiciales desestimaron 81 de las evidencias presentadas por la fiscalía debido a que se obtuvieron mediante tortura. “El Gil” fue liberado el 31 de agosto de 2019.
Posteriormente, “El Gil” se convirtió en uno de los testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020. A cambio de ofrecer su versión sobre lo ocurrido, la institución le garantizó una vida tranquila.
La debilidad del caso en la administración del actual fiscal Alejandro Gertz Manero recae, entre otras cosas, en que las órdenes de aprehensión contra militares han ofrecido las declaraciones de “El Gil” como su principal argumento, pese a las contradicciones en que ha incurrido.
FUENTE: INFOBAE
