La comunidad de San José Quianitas, denunciaron haber sido sitiados por habitantes de su cabecera municipal, Santa María Quiegolani, quienes los atacaron dejando una persona lesionada.
Mediante una misiva, los habitantes de la Sierra Sur, indicaron que, exigen al Gobierno del Estado y Federal, ayude en este conflicto social, que ha dejado personas lesionadas desde el pasado 31 de diciembre, cuando 29 de sus compañeros fueron golpeados.
Indicaron que, lo único que están solicitando a su presidente municipal, Amando Gaspar López Antonio, la entrega que les corresponde por indemnización de los daños ocasionados por el huracán Agatha, monto que asiende a los 10 millones de pesos que se han negado a otorgarles.
Los pobladores sostuvieron que el presidente se comprometió a entregar 6 millones 888 mil pesos para la ejecución de obras públicas, pero sólo les depositó 4 millones 655 mil pesos, por lo que les recortaron 2 millones 233 mil pesos.
Esto generó una protesta el 29 de diciembre cuando cerraron la carretera al Istmo, y, donde el presidente municipal ordeno la detención de 29 campesinos que fueron golpeada, y liberados el 31 de ese mes por presión de los habitantes.
Denunciaron que el sábado a las 11 horas, personas “fuertemente armadas lideradas por la representación de Bienes Comunales de Santa María Quiegolani” bloquearon el acceso a Quianitas, cavando zanjas con una retroexcavadora para mantener un estado de sitio, alegando ahora un conflicto agrario.
Mientras que el domingo sus vecinos atacaron a la población, dejando herido a un joven, además de que cortaron la energía eléctrica.
“No sabemos hasta cuándo dure este bloqueo, tampoco sabemos cuánto dure el suministro de medicinas a nuestra casa de salud o la economía que gira en torno a nuestras tiendas que venden los artículos de primera necesidad”, indicaron.
“Lamentablemente las autoridades atienden estos conflictos hasta que ocurre una tragedia”, adujeron los de la comunidad afectada, en donde viven más de 500 personas.
Por último, dijeron que el Gobierno del Estado no ha reaccionado ante el llamado de la comunidad. El secretario de gobierno, Jesús Romero López, quien atendió en enero el caso, tampoco ha emitido comunicado alguno.
