Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), aseguró que la política migratoria que implementa el Instituto Nacional de Migración (INM) es criminal y fallida.
No sólo coloca a las personas migrantes que transitan por territorio oaxaqueño en una situación de mayor vulnerabilidad, sino que es una política violatoria de sus derechos humanos que lo que busca es “estacionar” la migración en el Istmo de Tehuantepec y en la ciudad de Oaxaca, es decir, retrasar su avance hacia el norte del país en su búsqueda de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, afirmó.
Lo anterior lo señaló en entrevista con EL UNIVERSAL sólo unos días antes de que el órgano autónomo que preside emitiera medidas cautelares al gobierno de Salomón Jara (Morena) para que éste tome acciones para atender a los miles de extranjeros en tránsito que se han estacionado en ciudades como Juchitán y la capital, que han ocasionados protestas ciudadanas.
La medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a la directora General de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca y a los ediles de Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino.
Para la defensora, una muestra de la naturaleza criminal de la política migratoria es cuando funcionarios del Inami bajan a las personas de los autobuses en los que viajan para obligarlos a continuar su camino a pie, sin importar que sean familias con menores de edad y que su tránsito por el país sea legal o regular. Esto ha provocado, entre otras cosas, además de ser más visible la migración, a ponerlos en una situación de riesgo. Según los informes de las autoridades estatales, muchos han sido capturados por la delincuencia organizada y se han presentado reportes de niños y niñas desaparecidas.
“No hay ningún argumento jurídico para que puedan bajarse de un camión, cuando traen un boleto pagado, cuando vienen prácticamente en estado regular porque ellos han tenido su forma migratoria que se llama CBP One y ellos vienen con ese documento porque lo han hecho desde sus países o muchos lo han hecho en la frontera sur”, afirmó.
De acuerdo con datos del gobierno de Oaxaca, esta entidad se ha convertido prácticamente el paso obligado de miles de migrantes de al menos 16 países que buscan llegar a Estados Unidos y sólo de mayo al 15 de agosto han cruzado por el suelo oaxaqueño 60 mil 280 personas en tránsito. Lo anterior debido a que los migrantes necesitan llegar a Tapanatepec, municipio del oriente del Istmo, para obtener un permiso provisional para cruzar México y porque la ruta de Veracruz es muy insegura.
Oaxaca, un embudo
Para Lara Rodríguez, la migración en Oaxaca ha adquirido mayor visibilidad por esta política del Inami, es decir, del gobierno federal, el cierre de las estaciones migratorias tras la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y también por la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos.
En el caso del gobierno de Estados Unidos, explicó que ese país tiene una postura de puertas abiertas únicamente para personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití; pero el detalle, dice, es que mientras son recibidos o aceptados, el Estado mexicano debe asumir el compromiso de cuidarlos.
Mientras que en el caso de México, sostuvo que la política migratoria ha incrementado aún más el flujo de personas migrantes. Por un lado, mencionó que la muerte de 40 migrantes provocó el cierre de las estaciones migratorias en todo el país, con las que se controlaba la migración.
“Ahorita el Instituto no sabe quiénes son los que están entrando, quienes están saliendo; sin embargo, cuando eran presentados ante el Instituto, había nombres y apellidos de las personas que estaban ingresando a territorio mexicano. Haber cerrado las estaciones migratorias, esto permite que no sean detenidos en su camino y no sepan quiénes están en el interior del país”.
Por otro lado, la Suprema Corte determinó que es inconstitucional el periodo de 15 días hábiles que establecía el Inami para resolver la situación jurídica migratoria de una persona y estableció que debe resolverse en un lapso no mayor a las 36 horas. La presidenta de la DDHPO consideró que este tiempo no le permite al Instituto Nacional de Migración realizar ninguna acción, incluso, para notificar o informar al consulado del país del que es originaria la persona migrante.
FUENTE: Juan Carlos Zavala/EL UNIVERSAL