OAXACA DE JUÁREZ, OAX.- Este miércoles, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) marcharon del Jardín Madero a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades la aparición con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos el 25 de mayo del 2007.
Este 2023 se van a cumplir 16 años de la desaparición de los dos luchadores sociales, por lo que argumentaron que a la fecha prevalezca la impunidad y la injusticia.
Los manifestantes esperan resultados de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por lo que piden al gobierno del estado que escuche sus demandas.
De igual forma denunciaron que durante muchos años han sido víctimas de la persecución, tras la jornada nacional de lucha por la presentación con vida de los dos compañeros.
Cabe destacar que ambas personas fueron detenidas el 25 de mayo del 2007 en la capital de Oaxaca, y llevamos una larga trayectoria de demanda de presentación con vida y no hay respuestas.
La SCJN ordena a la Sedena colaborar en la búsqueda de dos desaparecidos del EPR
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó la integración de una comisión especial de búsqueda para dar con el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes desaparecieron en 2007.
Para ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá permitir el acceso de los integrantes de la referida Comisión de Búsqueda a aquellas instalaciones militares en donde se presuma pueden estar ambos activistas.
Los mandos obligados a declarar
En su resolución, la Corte ordenó a la Sedena tomar la declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca, en la temporalidad en que se dio la desaparición forzada, mientras que la FGR, deberá publicar los avances de la investigación en su página de internet.
Por mayoría de votos, el alto tribunal planteó además que, en casos de desaparición forzada, las autoridades de amparo pueden fijar medidas tendientes a lograr una reparación integral, dada la naturaleza de estos actos.
Ello, dado que se trata de una de las más graves violaciones a los derechos humanos al vulnerar, entre otros, los derechos de libertad, integridad personal, identidad, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica.
Sin embargo, el pleno rechazó que como responsables de dicha desaparición tanto a las autoridades de Oaxaca y como al gobierno federal.